La joven atropellada a la salida de un boliche en Aguilares denunció que la agresora la hostiga y la amenazó en la calle delante de sus amigos

La joven que denunció haber sido perseguida en automóvil, atropellada y golpeada violentamente a la salida de un boliche en Aguilares volvió a presentarse ante la Justicia para denunciar un nuevo episodio de hostigamiento por parte de la acusada.
21 de noviembre de 2026

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La víctima, identificada como Marianela Graneros, aseguró que continúa sufriendo intimidaciones pese a las restricciones judiciales impuestas a Marcela Agüero, quien reconoció públicamente haberla agredido, aunque sostuvo que reaccionó ante una provocación.

El caso es investigado por la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial de Concepción, a cargo de Carlos Sale. Si bien Agüero fue imputada inicialmente por lesiones leves, la representación legal de la denunciante solicitó que se investiguen también los delitos de tentativa de homicidio y amenazas, y anticipó que buscará llevar el expediente a juicio oral.

La nueva presentación de Graneros se produjo después de un incidente que, según declaró, ocurrió el 2 de noviembre, cuando se encontraba con amigos en la vía pública y volvió a ser hostigada por la imputada.

La joven fue citada nuevamente a la sede fiscal para ampliar su declaración y dejar constancia de lo sucedido. También recibió asistencia psicológica después de manifestar que atravesaba episodios de temor y ansiedad relacionados con las agresiones denunciadas.

El conflicto judicial se originó durante la madrugada del domingo 26 de julio, cuando Graneros había concurrido al boliche Centenario, en Aguilares.

Según su denuncia, los incidentes comenzaron dentro del establecimiento, donde Agüero habría empezado a empujarla e insultarla sin que existiera una confrontación previa que justificara esa conducta.

Cuando Marianela le pidió que dejara de molestarla, la otra mujer habría intentado golpearla, la sujetó del cabello y le provocó rasguños en el rostro.

La intervención de otras personas permitió separarlas y evitar que la pelea continuara dentro del local.

Sin embargo, de acuerdo con el relato de la víctima, la situación se agravó cuando se preparaba para regresar a su domicilio.

Mientras se encontraba junto a una amiga y estaba por retirarse en motocicleta, Agüero volvió a acercarse y le propinó una patada en el abdomen.

Personal de seguridad intervino nuevamente para separar a las mujeres y Graneros consiguió abandonar el lugar acompañada por su amiga.

La denunciante sostuvo que, lejos de terminar allí, el enfrentamiento continuó cuando Agüero comenzó a seguirlas a bordo de un automóvil.

Al llegar a las inmediaciones de la escuela Juana Castro, el vehículo habría embestido la motocicleta en la que circulaban las dos jóvenes, provocando que ambas cayeran sobre la vereda.

Según la reconstrucción presentada ante la Fiscalía, la conductora descendió del automóvil y se dirigió directamente hacia Marianela, a quien atacó con un objeto que utilizó para golpearla repetidamente.

Los impactos se concentraron en distintas partes de la cabeza, el rostro y la nuca.

La víctima denunció que la agresión continuó incluso cuando ya se encontraba caída y sin posibilidades de defenderse.

En esas circunstancias, Agüero la habría tomado nuevamente del cabello, obligado a levantar la cabeza y propinado una patada en la mandíbula antes de retirarse.

Como consecuencia del ataque, Graneros sufrió un corte de aproximadamente cinco centímetros en la cabeza y lesiones en el rostro, la nariz, los labios y las orejas.

La joven necesitó asistencia médica y recibió puntos de sutura por las heridas.

Tras la denuncia, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación para determinar las circunstancias de la agresión y establecer la responsabilidad penal de la sospechosa.

El 9 de septiembre, la auxiliar de fiscal María Gabriela Ghiraldi formalizó la imputación contra Agüero como presunta autora del delito de lesiones leves.

Durante esa audiencia solicitó que la acusada permaneciera sometida a medidas de coerción de menor intensidad mientras avanzaba la investigación.

La jueza María Soledad Hernández aceptó el requerimiento y dispuso una serie de restricciones destinadas a proteger a la denunciante.

Entre ellas estableció una prohibición de acercamiento de 200 metros, la imposibilidad de mantener cualquier tipo de contacto con Graneros y la obligación de abstenerse de realizar actos de intimidación, tanto directos como indirectos, contra ella o sus familiares.

Pese a esas medidas, la víctima sostuvo que los episodios de amedrentamiento continuaron después de la audiencia.

En paralelo, tomó conocimiento de que Agüero y su defensor, Rodrigo Medina, habrían manifestado su intención de resolver el expediente mediante una salida alternativa que incluyera una reparación económica.

Ante la posibilidad de que el proceso concluyera sin llegar a juicio, Graneros decidió hacer público su caso a través de las redes sociales.

La publicación tuvo una importante repercusión y motivó que la imputada difundiera su propia versión de los acontecimientos mediante Facebook.

En ese descargo, Agüero admitió haber agredido físicamente a Marianela, aunque afirmó que su comportamiento había sido una reacción impulsiva frente a una supuesta agresión previa.

También cuestionó los señalamientos que recibió en las redes sociales y sostuvo que la denunciante buscaba una represalia personal antes que una resolución judicial.

La imputada defendió la calificación de lesiones leves aplicada por la Fiscalía y argumentó que esa decisión respondía a la evaluación realizada por un médico forense.

Sin embargo, la víctima rechazó esa interpretación y decidió incorporar a un abogado particular para impulsar una acusación más grave.

El letrado Patricio Char asumió su representación y solicitó que los hechos fueran investigados bajo las figuras de tentativa de homicidio y amenazas.

El Ministerio Público Fiscal reconoció posteriormente su intervención como querellante, lo que le permitirá participar activamente en el proceso, ofrecer pruebas y sostener una posición propia respecto de la calificación jurídica y la eventual elevación de la causa a juicio.

Hasta el momento, la investigación cuenta con tres videos que registran aspectos de la agresión y dos grabaciones de cámaras de seguridad que muestran la persecución realizada en automóvil.

También fueron incorporados un relevamiento planimétrico y fotográfico del lugar donde ocurrieron los hechos, un informe técnico sobre el vehículo de Agüero y un acta de constatación de su domicilio.

A esos elementos se sumaron los informes de antecedentes elaborados por la Policía de Tucumán y el Registro Nacional de Reincidencia, que indican que la imputada no registra condenas ni antecedentes penales.

La querella considera que el conjunto de pruebas debe ser examinado para determinar si la conducta atribuida a Agüero excedió el delito de lesiones leves inicialmente formulado por la Fiscalía.

En particular, busca que se analicen las circunstancias de la presunta embestida con el automóvil y la continuidad de los golpes cuando la víctima ya se encontraba en el suelo.

Char adelantó que no aceptará una solución alternativa que implique cerrar el expediente sin la realización de un debate oral.

El abogado sostuvo que su objetivo es lograr que se esclarezcan completamente los hechos y se establezcan las responsabilidades correspondientes mediante un juicio.

También expresó que espera contar con el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal, aunque aclaró que la querella ejercerá sus facultades procesales de manera independiente si existen diferencias sobre la continuidad de la acusación o la calificación legal.

En ese sentido, anticipó que está dispuesto a sostener una acusación autónoma, incluso si la Fiscalía decidiera no avanzar hacia el debate oral.

La nueva denuncia por hostigamiento incorporó otro elemento al expediente y volvió a poner bajo análisis el cumplimiento de las restricciones impuestas judicialmente a Agüero.

La Justicia deberá determinar si existieron nuevos actos de intimidación y evaluar su eventual incidencia en la situación procesal de la imputada.

Mientras tanto, la investigación continuará con el análisis de las grabaciones, los informes técnicos y las declaraciones reunidas para establecer cómo se desarrolló el ataque denunciado en Aguilares y definir si corresponde mantener la imputación por lesiones leves o avanzar hacia figuras penales más graves.

La decisión sobre una eventual elevación a juicio todavía está pendiente, mientras la víctima y su representación legal insisten en que el caso sea examinado en un debate oral y público. /Contexto