El Gobierno abrió la competencia por los sueldos públicos y le quitó el monopolio al Banco Nación
El Gobierno nacional adjudicó la gestión de cuentas sueldo para empleados públicos a once entidades bancarias, en una medida que pone fin al monopolio del Banco Nación. La decisión forma parte del plan de desregulación y transformación del Estado que impulsa el oficialismo y busca eliminar privilegios en las contrataciones públicas.
Según la Decisión Administrativa 9/2025, publicada en el Boletín Oficial, las nuevas entidades habilitadas para prestar el servicio de apertura, mantenimiento y gestión gratuita de cuentas sueldo son: Credicoop, Patagonia, Santander, ICBC, Galicia, BBVA, Macro, Supervielle y otras tres entidades, que se suman al propio Banco Nación. Quedaron fuera del proceso el Banco Hipotecario, Banco Ciudad y Brubank.
La medida regirá por tres años, con posibilidad de prórroga, y permitirá que las dependencias estatales elijan libremente a qué entidad bancaria asignan el pago de haberes, priorizando beneficios para el personal como la posibilidad de acceder a créditos hipotecarios a tasas preferenciales.
Esta decisión se enmarca en los decretos 70/2023 y 747/2024, que eliminaron la obligatoriedad de contratar servicios de empresas estatales como Nación Seguros, YPF y el Banco Nación. “Las empresas públicas deben servir a los ciudadanos, no servirse de ellos”, había afirmado Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y uno de los impulsores de las reformas.
Historial de un monopolio
El Banco Nación mantenía desde 2012 la exclusividad del servicio, a partir de un decreto de la gestión de Cristina Kirchner. Con la nueva normativa, se rompe ese esquema y se abre la competencia en un rubro que representa un ingreso significativo para la banca pública.
Según el Ejecutivo, esta apertura no solo permite mejorar la eficiencia del gasto público, sino también eliminar estructuras que facilitaban manejos discrecionales. En esa línea, también se derogó la obligación de contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros y la compra de pasajes a través de empresas vinculadas a sectores políticos.
Desde la Jefatura de Gabinete se indicó que el objetivo es avanzar hacia un modelo más transparente y competitivo, en el que la elección de prestadores se base en la calidad del servicio y no en beneficios políticos o privilegios adquiridos. /Vove Tucumán
